La Escuela Normal Superior de Neiva, está viviendo una situación delicada con los 106 estudiantes sordos y sus docentes que componen esa comunidad educativa: le aplicaron de manera draconiana el Decreto 366 de 2009, y disminuyeron los 5 docentes que tenía esta comunidad a 3, cuando la estrategia educativa que viene desarrollando esa institución educativa desde 1997 para preescolar y primaria ya necesita de 6, pues la segunda estrategia contempla la integración con intérprete desde el grado 6º hasta la formación de docentes sordos. Lo que se hizo no es otra cosa que aplicar el Decreto 3020 de 2002, para ajustar plantas docentes, sin importar los efectos que tenga sobre la calidad del servicio educativo. Lo grave, es que se desconoce que la población sorda tiene una especial protección del Estado en el sistema educativo que no se puede equiparar con la población oyente. Es tan especial, que la Ley 982 de 2005 los considera una “comunidad que forman parte del patrimonio pluricultural de la Nación y que, en tal sentido, son equiparables a los pueblos y comunidades indígenas y deben poseer los derechos conducentes” (art. 3) ¡Está claro! A la comunidad de sordos se le debe garantizar una educación que los conduzca a conservar su identidad sociocultural; por ejemplo, desarrollando el lenguaje de señas como lengua natural y adoptando el castellano como ¡segunda lengua! En este sentido, a esta comunidad no se le puede tratar como del “montón” y, haciendo una mala interpretación del concepto de inclusión, se intente meterla a la fuerza para que estudien en la misma aula que los oyentes, exigiendo a un docente a interactuar en el aula con los sordos y los oyentes al mismo tiempo y en los dos lenguajes. Es como si alguien quisiera silbar y mascar chicle al mismo tiempo ¡una barbaridad! Por el contario, la inclusión, bien entendida, debe orientarse para que la población sorda tenga garantizado su espacio propio en el sistema educativo con los docentes y ayudas necesarias para que se integren como una comunidad.
En este caso, la Alcaldía de Neiva debe, apelando a la descentralización administrativa, refrendar el normal desarrollo de la estrategia educativa que viene desarrollando la Normal Superior desde 1997 para esta comunidad de sordos, con las ayudas de aprendizaje y el número de docentes pertinentes para ello, haciéndole ver al Ministerio de Educación que el Decreto 366 contradice la Ley 982 de 2005 y a la misma Constitución, pues el espíritu de la Carta Política protege la diversidad cultural de la Nación. Si no es así…otros son los sordos.
